MOPC: Sin participación privada el país seguirá atado al atraso

Arq.LuisAñazco

Ley de APP protege al Estado y ofrece garantías al inversor, así como establece mecanismos de control.

El Arq. Luis Añazco, coordinador del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el Consejo Sudamericano de Infraestructura y Panificación de la UNASUR, sostiene que pensar hoy día en sobrellevar el enorme déficit de infraestructura que se tiene a nivel país, sin abrirse a la posibilidad del capital privado, es condenar al Paraguay y a todos sus habitantes a seguir en el atraso.

Para el funcionario gubernamental, las Alianzas Público-Privadas, APP o Participación Público Privada (PPP) son el camino correcto a seguir para generar el desarrollo del país. “Pensar de forma simplista de que algo mejorará con el modelo tradicional es condenar a toda una nación a seguir en el atraso”, sostuvo.

“En estos tiempos en donde vemos que países cercanos como Bolivia y Uruguay, que ya cuentan con esta legislación y en donde se proyectan importantes inversiones que superan los 1.000 millones anuales, nos sorprende que en nuestro país se siga cuestionando a las APP”, expresó Añazco.

Añadió que el paso que está dando hoy el país ya es una realidad presente en casi toda la región, porque los países comprendieron que hoy día los tiempos son otros y es prácticamente imposible seguir pretendiendo cubrir todo este déficit con dinero proveniente de los impuestos o con créditos internacionales.

“La figura de las APP es una herramienta más para generar progreso, no es la receta mágica que solucionará todos nuestros problemas, pero indudablemente contribuirá a contrarrestar este gran déficit que está a la vista de todos”, remarcó.

Añazco destacó que a diferencia de obras que en nuestro país se hacen realidad en promedio cada 10 años, gracias a esta nueva legislación se podrá acortar este camino y en el tiempo en que tarda en aprobarse un proyecto en el Congreso (alrededor de dos años) ya se podría estar solucionando una necesidad concreta”.

Con respecto a los mecanismos de control, dijo que en la misma reglamentación se establece que se utilizarán todos los mecanismos constitucionales y legales para salvaguardar el patrimonio del Estado en los procesos de ejecución de los proyectos que involucra la iniciativa privada y el interés público.

Respecto al papel de los organismos de control institucional, como la Procuraduría y Contraloría General de la República, así como la Dirección General de Contrataciones Públicas, explicó que todos los procesos establecidos en la legislación están incluidos en la reglamentación a fin de garantizar la salvaguarda de los bienes públicos.

Igualmente, señaló que el Congreso Nacional, ante la mínima sospecha de que exista una situación que amerite revisar un proyecto o una licitación, tiene la atribución de pedir información o interpelar a los responsables a los efectos de transparentar los procedimientos.

Fuente: MOPC

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